LOS CONSEJEROS Y LA SUPREMA

4. LOS CONSEJEROS Y LA SUPREMA

Creo que al llegar a este momento hay que hacer nuevas observaciones respecto a la carrera inquisitorial en su fase más elevada. Aparte y por encima de las inquisiciones provinciales funcionaba la Suprema. El presidente de ella era el Gran Inquisidor o Inquisidor general. Asistían a éste los consejeros, que se nombraban entre antiguos inquisidores provinciales o entre letrados y prelados conocidos por su experiencia. Por privilegio de Felipe III, fechado a 16 de diciembre de 1618, a partir de aquella fecha siempre había un dominico entre ellos.

Las causas más graves, las causas de apelación, las que ofrecían discrepancia de criterio, las que presentaban grandes dudas y las relativas a delitos de los ministros del Santo Oficio, se veían en la Suprema y ésta ratificaba las sentencias. Cada año también se recibían en ella los informes de las inquisiciones provinciales respecto a la marcha de las causas seguidas en ellas, el número de procesados, de presos, etc. Cada mes informaban respecto a asuntos económicos. Se reunía el Consejo (que era uno de los grandes del reino) los lunes, miércoles y viernes por la mañana; los martes, jueves y sábados, por la tarde; intervenían en las sesiones vespertinas dos consejeros de Castilla. Siempre que hubo negocios graves hubieron de trabajar en firme los consejeros. Así, en 1528, cuando se trató de resolver el negocio de las brujas de Navarra. Más tarde, a medida que se presentaban casos como los de los judaizantes de Murcia, dirigido por fray Luis de Valdecanas, o los luteranos de Valladolid (1588). Discutían los consejeros; votaban por orden de antigüedad, del más moderno al más antiguo. Había a veces juntas extraordinarias, en que participaban miembros de otros tribunales. Pero no todo el tiempo se invertía en negocios de esta índole. Fue el del Santo Oficio uno de los tribunales más discutidos en cuestión de preeminencias, lugares y honores. Con los obispos, con las chancillerías y sus miembros, con los municipios, tuvo siempre graves y largos pleitos por asuntos de etiquetas y honores. Los inquisidores dan fe de la importancia que concedían a esto. Simancas se vanagloria de la rapidez con que llegó a ser de los que votaban en último lugar. Las pompas de los autos, las procesiones y otras ceremonias daban lugar a mil quehaceres ajenos a lo más específico en la función inquisitorial.

Julio Caro Baroja

El señor inquisidor

El señor inquisidor examina el estilo de vida de los funcionarios permanentes de la Inquisición, los criterios seguidos para su incorporación y promoción y las formas de actuación del Santo Oficio.

Este ensayo fue escrito por Julio Caro Baroja después de una ardua tarea de investigación y en él sostiene que se ha escrito mucho sobre la Inquisición, pero de manera abstracta y que, sin prescindir de tantas interpretaciones, proclamadas por diferentes escuelas y pensadores y realizadas en distintos momentos históricos sobre las actuaciones de la Inquisición, el Santo Oficio debería ser juzgado a partir de las actuaciones de sus verdaderos protagonistas, es decir los señores inquisidores.

La obra constituye el primer capítulo de la recopilación de trabajos El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio publicado por Caro Baroja en 1994.

30 de marzo (fue expulsado de su cargo en 1801 como infiel o fautor de herejes)

El gran inquisidor Abad cayó en 1794 por presiones de otros altos dignatarios de la Iglesia, hostiles a su punto de vista, y fue recluido en un monasterio castellano. Le sucedió un prelado más afín a las ideas de la Roma de entonces: el erudito arzobispo de Toledo Lorenzana. Pero la época era difícil para que nadie triunfara del todo: ni los llamados jansenistas, de tendencia regalista, ni los ultramontanos. Pudieron los «ortodoxos» luego, a posteriori (en tiempos de Fernando VII e Isabel II), hablar de ataques contra el «clero» durante ella. La realidad es que del mismo clero partían muchas sugerencias e ideas contrarias al viejo espíritu del Santo Oficio. Durante el corto ministerio de Jovellanos, el mismo funcionario al que había encomendado Abad La Sierra la tarea revisionista, fue encargado de nuevo de recoger documentos que justifican no ya la reforma, sino incluso la abolición del Santo Oficio. Era este funcionario el célebre don Juan Antonio Llorente, nacido el 30 de marzo de 1756 en el pueblo riojano de Rincón de Soto. Desde 1782, poco más o menos, este sacerdote había abandonado las referidas ideas «ultramontanas», y su punto de vista en asuntos eclesiásticos era el de otros muchos españoles letrados de su época, y de antes, que en lo que a la Inquisición se refiere, por lo menos, no pudieron opinar con la autoridad que él tuvo y con el conocimiento que le dieron sus exploraciones internas. Llorente fue, en principio, un clérigo regalista más y contrario a las pretensiones de Roma. Pero no era lo mismo oponerse a Roma en la época de Carlos III o Carlos I que enfrentarse con la curia en tiempos de Felipe II y aun de Felipe IV; como no es lo mismo sentar principios desamortizadores en el siglo XVII que a comienzos del XIX. Llorente tuvo una vida azarosa en una época difícil. Comisario del Santo Oficio de Logroño en 1785, secretario luego de la Inquisición de Corte, fue expulsado de su cargo en 1801 como infiel o fautor de herejes (caso que se dio varias veces antes, pero de modo menos escandaloso, en relación con algunos altos funcionarios del Santo Oficio). De 1805 a 1808 trabajó al servicio de Godoy en diversos estudios histórico-políticos, y en 1808 abrazó la causa francesa de modo inequívoco. Así, pues, el 11 de marzo de 1809 fue llamado por José Bonaparte para participar en las tareas del Consejo de Estado y contribuyó no poco a la liquidación del Santo Oficio, decretada por Napoleón poco antes. Se le encargó escribir su historia, y en esta y otras empresas relacionadas con la vida del clero siguió sirviendo al mismo rey José.

El señor inquisidor de Julio Caro Baroja